Uno de los principales retos de nuestro país es la tenencia y adquisición de la propiedad privada. Es un tema que debería ser prioridad de una política pública y de actores de la sociedad, mientras no exista una política tendiente a ordenar, legalizar y legitimar su distribución, tenencia y propiedad seguirá siendo foco de permanentes tensiones y conflictos sociales.
La inexistencia hoy de un esquema que posibilite el acceso relativamente fácil a la propiedad privada para la población de clase media a baja ha hecho que miles de personas se vean obligadas a acudir a alquileres, incluso algunos bastante costosos, pagando por algo que no será suyo.
En nuestro país, la inequidad en la distribución de la tierra es enorme, la desigualdad en la tenencia de la tierra es evidente y se ha vuelto la causa más importante de inquietud social, asimismo un impedimento al crecimiento en pos de reducir la pobreza.
Por su parte, la Constitución Nacional establece en su “Artículo 109 – DE LA PROPIEDAD PRIVADA: Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos. Pero la realidad, es que la falta de igualdad en la distribución, tenencia y propiedad, las oportunidades y los bajos ingresos contradicen esencialmente al mandato de nuestra Carta Magna, dejando una brecha social que excluye a una de cada cinco personas de uno de los bienes esenciales para una vida digna.
Opinión: Abogada Teresa Giménez - Drelichman y Asociados
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